El colectivo de las Kellys en Canarias ha acordado solicitar formalmente a los sindicatos la convocatoria de una huelga general a nivel estatal. Tras una multitudinaria asamblea en el Auditorio de Adeje, la situación laboral de las Kellys en Canarias vuelve a situar el modelo turístico del archipiélago frente a un dilema clave entre la salud física de sus trabajadoras y la rentabilidad del sector.
Detrás de este movimiento existe una problemática estructural basada en la sobrecarga de trabajo cotidiana. Las profesionales del sector deben asumir el acondicionamiento de un elevado número de habitaciones por turno —en ocasiones entre 20 y 25 diarias—, una exigencia que repercute de forma directa en su salud.
El conflicto de las Kellys en Canarias: salud al límite.
Las afecciones físicas más recurrentes entre las camareras de piso incluyen hernias discales, síndrome del túnel carpiano, problemas de columna y episodios de estrés crónico o burnout. Para poder completar las tareas asignadas, un número significativo de trabajadoras reconoce tener que recurrir de forma continuada a analgésicos, antiinflamatorios e incluso ansiolíticos.
«No es un problema de voluntad, sino la consecuencia directa del sobreesfuerzo físico acumulado tras años levantando pesos y realizando movimientos repetitivos.»
Esta alta tasa de dolencias genera un tenso debate respecto a las bajas laborales. Mientras la patronal hotelera señala con preocupación el aumento del absentismo en las plantillas, las trabajadoras argumentan que la raíz del problema reside en las condiciones ergonómicas del puesto.
Las cuatro grandes reivindicaciones sobre la mesa.
El colectivo ha sintetizado sus demandas en cuatro ejes principales dirigidos tanto a las administraciones públicas como a la patronal:
- Control de riesgos ergonómicos: Implantación obligatoria por ley de camas elevables y carros motorizados para reducir el impacto en espalda y articulaciones.
- Freno a las externalizaciones: Limitación estricta de la subcontratación de servicios a través de empresas externas para evitar la precarización laboral.
- Reducción de jornada por edad: Ajuste de la jornada a 6 horas diarias para trabajadoras mayores de 58 años sin sufrir penalización salarial.
- Derecho a la prejubilación: Reconocimiento oficial de la penosidad y peligrosidad del puesto para aplicar coeficientes reductores en la jubilación.
El coste económico y la división ante la huelga.
A pesar de la contundencia de las peticiones, el camino hacia la aplicación de estas medidas se enfrenta a importantes obstáculos. Desde el ámbito empresarial se advierte que la adaptación técnica de las instalaciones y la reducción de ratios exigen una inversión millonaria, lo que podría restar competitividad a las islas frente a otros destinos turísticos internacionales. Asimismo, los trámites normativos para el reconocimiento de enfermedades profesionales por parte de las mutuas avanzan a un ritmo marcadamente lento.
Por otro lado, la convocatoria de un paro general no está exenta de debate dentro del propio colectivo. Pese al acuerdo alcanzado en el Sur de Tenerife, agrupaciones de camareras de piso en otras cuatro islas se han desvinculado de la opción de ir a la huelga, apostando por mantener abiertas las vías de negociación institucional. El temor a perder salarios durante los días de paro o las posibles consecuencias sobre la estabilidad del empleo en plena temporada alta son algunos de los factores que frenan la unanimidad.
El conflicto deja sobre la mesa una pregunta abierta sobre la sostenibilidad social del archipiélago: cómo conciliar la máxima rentabilidad y eficiencia del sector hotelero con el respeto a la salud física de las personas que sostienen, desde el interior de cada habitación, la calidad del turismo en Canarias.