El consejero Manuel Miranda defiende una actualización normativa para desatascar la burocracia municipal. Además, la propuesta incluye endurecer las sanciones contra las infracciones ambientales.
La planificación territorial de Canarias afronta una revisión integral. El objetivo principal es responder a la falta de vivienda en las islas. Asimismo, se busca aportar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos de cada municipio.
Por esta razón, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha detallado las claves de la futura reforma de la Ley del Suelo. Esta iniciativa legislativa pretende reactivar proyectos que llevan años estancados en los ayuntamientos.
Por tanto, no se trata de derogar la ley actual. En realidad, el plan busca corregir los atascos burocráticos. De esta manera, el archipiélago podrá disponer de más parcelas residenciales con rapidez.
Menos trámites y mayor agilidad municipal
El primer eje de la propuesta se centra en simplificar los trámites administrativos. Para lograrlo, el departamento autonómico plantea tres medidas clave:
- Planes generales más rápidos: La meta es recortar los tiempos de tramitación. Así, los municipios podrán actualizar su planeamiento sin demoras de una década.
- Más suelo para vivienda pública: Se dará prioridad al suelo destinado a pisos de protección oficial. De igual modo, se facilitará el desarrollo de proyectos de alquiler asequible.
- Licencias directas: Los consistorios contarán con trámites más sencillos. Por consiguiente, se evitará la duplicidad innecesaria de informes técnicos.
Más mano dura contra las infracciones en el territorio
Junto a la flexibilización urbanística, Miranda ha dejado claro otro punto. La reforma incluirá un endurecimiento de la disciplina ambiental. Es decir, se perseguirá con firmeza la construcción ilegal en suelo rústico protegido:
- Sanciones más elevadas: El Ejecutivo actualizará los castigos económicos contra los delitos territoriales. En particular, se actuará contra vertederos y obras no permitidas.
- Refuerzo de la Agencia de Protección Natural: Este organismo contará con mejores herramientas de inspección. Además, podrá ordenar demoliciones y restaurar el medio natural de forma ágil.
Negociación con los municipios y los colegios profesionales
La Consejería de Política Territorial mantiene una ronda de diálogo con cabildos, ayuntamientos (a través de la Fecam), colegios profesionales de arquitectos y promotores para articular un texto con amplio respaldo parlamentario. La meta del Ejecutivo autonómico es remitir el proyecto de ley a la Cámara regional para consolidar una herramienta legal que compatibilice el desarrollo habitacional urgente con la estricta protección de los valores medioambientales de Canarias.