La tramitación para declarar a Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado sitúa el acceso a la vivienda en el centro del debate político e institucional.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha remitido al Gobierno de Canarias la documentación para continuar con el expediente, una medida que busca contener el precio de los nuevos alquileres en las zonas con mayor presión sobre el mercado residencial.
Según el Consistorio, el 77 % de la población de la ciudad vive en áreas donde el coste de la vivienda supone un importante esfuerzo económico para los hogares, motivo por el que considera necesaria esta declaración.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias mantiene reservas sobre la eficacia de esta medida. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha señalado que la declaración se aprobará si se cumplen los requisitos legales, aunque ha advertido de que, por sí sola, no resolverá el problema del acceso a la vivienda.
En la misma línea, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, sostiene que la regulación de los precios no garantiza una reducción de los alquileres si no va acompañada de un aumento de la oferta de vivienda.
Según los datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, elaborados tras la entrada en vigor de la Ley de Viviend del Estado, la oferta de viviendas en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria pasó de 26.019 a 18.809 inmuebles, mientras que el interés por cada vivienda se duplicó.
A este debate se suma también el modelo urbanístico. Mientras el Ayuntamiento impulsa la declaración de zona tensionada, inaplicó los artículos del Decreto Ley de Vivienda de Canarias que permitían transformar locales y oficinas en viviendas. Durante los pocos días que la medida estuvo vigente se registraron solicitudes de cambio de uso que finalmente quedaron sin efecto. Al mismo tiempo, el Consistorio ha autorizado cambios de uso de algunos edificios para uso hotelero, una circunstancia que ha reabierto el debate sobre cómo aumentar la oferta residencial en la ciudad.
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos en Canarias, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde el debate se centra en si la regulación de los alquileres debe complementarse con políticas destinadas a incrementar la oferta de vivienda pública, asequible y residencial.