El concejal Manuel Miranda y la presidenta Lola García se reunieron con representantes de la Guardia Civil para mejorar aún más el monitoreo de una amenaza para el patrimonio natural, la planificación urbana y la biodiversidad de la isla. Hoy, el Gobierno de las Islas Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los seis principales ayuntamientos convocaron una reunión de trabajo para mejorar aún más la supervisión y el monitoreo de los esfuerzos contra la propagación de instalaciones no autorizadas en terrenos rústicos que dañan los elementos naturales, la planificación urbana y la biodiversidad. Este encuentro forma parte del plan de acción iniciado por el Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de las Islas Canarias, la Agencia Canaria para la Protección del Medio Ambiente Natural y los municipios locales. Los asistentes incluyeron representantes de la policía local, la Guardia Civil y los Agentes Ambientales del Cabildo, que están aumentando las patrullas en toda la isla para frenar la proliferación de estructuras ilegales como caravanas, contenedores, casas prefabricadas y configuraciones similares que violan las reglas urbanas y ambientales. La presidenta del Cabildo, Lola García, declaró: «Los esfuerzos coordinados entre la policía local, los agentes ambientales, Seprona y otros organismos son esenciales para detener la invasión que afecta a nuestros desarrollos rurales sin permisos legales que interrumpen los rasgos naturales únicos de la isla y los usos tradicionales de la tierra». Es crucial que el público reconozca esta realidad y las graves violaciones que implica. Por su parte, Manuel Miranda, Ministro de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, hizo hincapié en la necesidad de seguir educando a los ciudadanos sobre la importancia de proteger la tierra y advirtió que, más allá de las sanciones administrativas, tales acciones a menudo constituyen delitos de derecho penal. En la reunión también participaron Montserrat Ortega, directora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de las Islas Canarias, el coronel jefe del Comando de Las Palmas, así como alcaldes y otros funcionarios locales. Mientras tanto, el Cabildo ha lanzado una campaña de sensibilización sobre las prohibiciones y ofensas relacionadas con estos suelos, que están definidos por la Ley de Suelos de las Islas Canarias y la Ley de Espacios Naturales Protegidos, con multas de hasta 150.000 euros. La Ley Orgánica del Código Penal también aborda las estructuras no autorizadas en tierras rurales. Inicialmente, el problema se resuelve mediante el desmantelamiento voluntario de los contenedores por parte de los responsables. Si no es así, las infracciones se denuncian.
